Una Cara de la moneda en la promoción de la "Cultura"

Partida 7505

por Ernesto Villanueva



El ejercicio del presupuesto en cuestiones ajenas al interés público ha adquirido mecanismos legales que otorgan carta de naturalización a la corrupción. Ha dado vida a prácticas que pueden ser legales, pero también inmorales. En efecto, el objeto clasificador del gasto 7500 y sus partidas presupuestales constituyen un mecanismo de cómo desnaturalizar el uso de los recursos públicos. Veamos:

Primero. El artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la posibilidad de que los ejecutores del gasto otorguen donativos siempre y cuando las personas morales no tengan fines de lucro, estén al corriente de sus obligaciones fiscales, no estén sujetos a procesos legales y presenten un proyecto de actividades. Estos requisitos son bastante genéricos, toda vez que: a) No hay un comité de expertos que valide la pertinencia y oportunidad de la entrega del donativo; b) No hay criterios para hacer compatibles las atribuciones del ejecutor del gasto con los fines y actividades de quien recibe el donatario; c) No hay convocatoria pública para ser beneficiarios de los donativos y d) No existen montos mínimos ni máximos en la entrega de los donativos. Estas ausencias generan incentivos para que el ejercicio discrecional adquiera un papel relevante y además se establezcan relaciones inapropiadas. El endeble marco legal hace que la figura del donativo sea el cajón de sastre o comodín para el gobierno federal. Uno de los beneficiarios frecuentes de los donativos son los sindicatos de los propios ejecutores del gasto. Así, por ejemplo, entre enero y junio de 2007 la Secretaría de Economía otorgó donativos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía por 2 millones 870 mil pesos como "ayuda al sector social". El Issste entre enero y junio de 2008 le otorgó donativos a su propio sindicato por 9 millones de pesos por concepto de "apoyo a seguridad social". Y así se puede enumerar un largo etcétera. Sobra decir que las dependencias y sus sindicatos se rigen por relaciones establecidas en sus respectivos contratos colectivos de trabajo donde se establecen cantidades importantes para el mantenimiento de la propia agrupación legal. No hay, por ende, ninguna obligación legal de otorgar donativos a los sindicatos. Es de llamar la atención, por ejemplo, cómo el Sindicato del Issste justifica los donativos recibidos: compra de autos para los dirigentes seccionales para el desarrollo de sus funciones en condiciones de "dignidad".

Segundo. La asignación de donativos públicos a organismos empresariales y empresas informativas por parte del gobierno federal es parte de este México surrealista. La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública otorgó a Televisa un donativo por un millón 415 mil 413 pesos para que en nombre y representación de la sociedad donara a su vez aparatos auditivos. Televisa no deja una viva. ¿Cómo es posible que el gobierno federal le asigne a una empresa privada recursos públicos para posicionar su imagen en la audiencia y no entregar los recursos a las personas que realmente los requieran? Este ejercicio presupuestal de 2010, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente otorgó un donativo a TV Azteca por 4 millones 800 mil pesos para una campaña de televisión "limpiemos México". En 2008, la Secretaría de Educación Pública otorgó diversos donativos a organismos empresariales, entre ellos a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación por 6 millones 578 mil pesos, dirigida por Claudio X González y Liébano Sáenz. Es muy loable que esa asociación empresarial se dedique a la filantropía, pero llama la atención que la SEP subsidie con recursos de todos esa práctica.

Tercero. El caso más escandaloso reside en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Conaculta. En efecto, para hacer patentes sus compromisos políticos, en 2009 le otorgó un donativo por 24 millones de pesos a Radiodifusoras y Televisoras de Occidente, integrada por los concesionarios de la radio y la televisión privada de Jalisco y Fomento Cultural Banamex se vio beneficiado por un donativo de 2 millones 514 mil pesos. ¿Cómo es posible que el Conaculta tenga la convicción de que apoyar a empresarios de gran capital es una prioridad nacional? ¿Por qué en todo caso esos donativos no se hicieron con cargo al bolsillo de los propios funcionarios de Conaculta sino, como siempre, los pobres subsidian a los ricos? Si lo anterior fuera poco, el Conaculta fue la única institución que de un universo de 250 invocó argumentos fútiles para evitar la rendición de cuentas. Para ello en el oficio UE/468/2010 informó de la clasificación por 12 años de toda la información relativa a "los expedientes (que) contienen copia fotostática de documentos tales como: recibos fiscales, cédula de identificación fiscal, reporte de dispersión transferencias, consulta de la CLABE, estado de cuenta del beneficiario del donativo y catálogo de beneficiarios." El Conaculta ha cerrado información, con lo que se evita seguir la ruta del dinero y, sobre todo, conocer el por qué hace lo que hace. De cualquier forma, casos como el del Conaculta y otros muchísimos más que desnaturalizan el sentido del ejercicio público, justifican que el objeto clasificador del gasto 7500 y la partida 7505 sea regulada exhaustivamente bajo criterios de transparencia, pertinencia, oportunidad, igualdad e imparcialidad, que hoy no existen en perjuicio de todos..

Evillanueva99@yahoo.com

Fuente: Sur de Acapulco, 12 de julio de 2010