Denuncian en el IGC que la directora ratifica a funcionarios hostigadores

Claudia Venalonzo

Chilpancingo

Sin tomar en cuenta el sentir general, la directora del Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC), Alejandra Fraustro, pretende ratificar en sus cargos a funcionarios de la administración de Zeferino Torreblanca que propiciaron hostigamiento laboral, denunciaron trabajadores de la institución y pidieron una auditoría a los recursos públicos.

Trabajadores del IGC, que pidieron guardar el anonimato, manifestaron su rechazo a la postura de su nueva directora, Alejandra Fraustro, pues los funcionarios zeferinistas no han rendido cuentas y que le han cerrado la puerta a los creadores de esta entidad.

Los quejosos mencionaron al contador Juan Martínez Lázaro, a Leopoldina Cuenca Mancilla, “secretaria que hacía las veces de directora porque Nora Elisa Méndez nunca estaba”; Angélica Gutiérrez, “que solamente se paseaba en los pasillos para platicar y vigilar a los empleados”; a Nelly Bello, encargada de las casas de la cultura que está en Acapulco, “que es una muchacha que no sabe de su trabajo y nunca nos saca de apuros”; Cristina Navarrete, directora de galerías, “nada organiza, escasamente hay actividades es prácticamente disfuncional”, y un “séquito” de 60 “aviadores”, la mayoría en Acapulco. Los inconformes señalaron que estos funcionarios los han hostigado laboralmente, que no hacen realmente su trabajo porque poco acuden a sus oficinas “de hecho viven holgadamente en Acapulco”.
En ese sentido los trabajadores hicieron un llamado al gobernador Ángel Aguirre, para que propicie el orden en este instituto y cumpla lo anunciado el pasado 4 de abril, cuando arrancó su gobierno justo en el edificio que alberga esta institución “porque más parece una casa de la cultura que un instituto, pedimos que realmente se cumplan las políticas que trae el gobernador en materia cultural y se cumplan las expectativas, no es posible que se quieran ratificar a los emisarios del pasado, los lastres del pasado zeferinista”, afirmó el portavoz y agregó que algunos de ellos han sido los responsables de persecución y represión laboral como en el caso de Isabel Ortega y Alejandro Adame, quienes fueron despedidos injustificadamente y a pesar de que ganaron el juicio, durante la administración anterior se habían negado a reinstalarlos y posteriormente a pagarles los salarios caídos.

Aunado a ello, pidieron que se haga una auditoría pronta de las finanzas del IGC, porque hay recursos importantes como los 15 millones de pesos que dio la Federación para la conmoración del Bicentenario y para otros programas de los que poco se hizo y nulamente se informó.

El Sur, 09 de mayo de 2011

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